El juez estudia las denuncias contra Aznar por el borrado de archivos de Moncloa
DÍDAC BOZA
El borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa, en 2004, antes del traspaso de poderes en el Gobierno entre el PP y el PSOE, sigue en los juzgados. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestaña debe decidir si admite a trámite o no las querellas presentadas por varias personas contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, a quien los denunciantes quieren que se aplique el Código Penal por la desaparición de datos.
El pasado 25 de mayo, se ratificó en su querella contra Aznar uno de los denunciantes, el perito forense Miguel Ángel Gallardo Ortiz, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA).
Tres denuncias y diligencias desde 2004
El juez Pestaña ya incoó diligencias previas en 2004 para aclarar si existió delito en el borrado de archivos a raíz de la primera denuncia interpuesta por el abogado murciano José Luis Mazón. Dicho letrado también pidió que se investigara la actuación del Ministerio del Interior bajo la dirección de Ángel Acebes, por un “volcado” de documentos relacionados con los atentados del 11-M. La abogada Encarnación Martínez presentó a su vez otra querella criminal por los mismos motivos. Ahora, ratificada la denuncia y las dos querellas, el titular del Juzgado número 9 de Madrid, debe determinar si hay fundamentos para seguir o no con el caso.
Posible delito de infidelidad en la custodia de documentos
Las querellas presentadas responsabilizan a José María Aznar de un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el borrado de archivos informáticos realizado en el Palacio de la Moncloa tras perder el PP las elecciones de marzo de 2004
Zapatero confirmó que los ordenadores estaban vacíos
El borrado masivo de archivos informáticos en Presidencia del Gobierno, antes de la llegada de Zapatero a la Moncloa fue revelado por el diario El País en diciembre de 2004. Quedó, eso sí, una factura de 12.000 euros de la empresa a la que la administración Aznar encargó la limpieza telemática. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación que abrió el Congreso sobre los atentados del 11-M, confirmó que tras la toma de posesión, el nuevo equipo gubernamental se encontró los ordenadores vacíos.
Despareció todo lo ocurrido el 11-M
Según la información que publicó en su momento El País, y de la que se hizo eco la prensa internacional, cuando la comisión de investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis que presidió Aznar tras los atentados, el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero no pudo hallarla. No encontró ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004 en Moncloa. No quedó rastro de las conversaciones que mantuvo Aznar ese día con mandatarios extranjeros o con directores de medios de comunicación españoles, conversaciones que algunos de estos responsables periodísticos han relatado con posterioridad. Fue precisamente a partir de los datos revelados por El País, cuando el letrado murciano José Luis Mazón presentó la primera de las denuncias sobre este caso.
Trabajo especializado
La eliminación de archivos fue un trabajo especializado. No se limitó al 11-M sino que afectó a los ocho años de mandato del Partido Popular, entre mayo de 1996 y abril de 2004. La empresa a la que se encargó la labor borró también las copias de seguridad de todos los archivos.
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